La semana pasada un
magistrado federal dictó una orden para que Apple asistiera al FBI hackeando un celular usado por uno de
los terroristas que participaron en el tiroteo de San Bernardino. Apple decidió
llevar este caso a la Suprema Corte. El FBI ha acusado a la compañía de
defender más su marca que la seguridad del país, pero este tema va mucho más allá
de lo que a simple vista podría llegar a parecer un caso particular sobre
seguridad: este es un tema que podría fijar un precedente para las compañías tecnológicas
en Estados Unidos, en este se abordan temas de privacidad, vigilancia y
seguridad.
Los celulares de Apple
tienen un software lo suficientemente seguro como para proteger los datos de
sus usuarios de una forma que ningún otro celular podría tener. La encriptación
que tienen los celulares iPhone fue creada con el fin de proteger los datos más
íntimos de una persona: conversaciones, cuentas de banco, localización, etc. Lo
que el FBI quiere es que Apple colabore con ellos para crear una nueva versión del
Software que les permita ingresar un número ilimitado de contraseñas sin que
los datos del celular del delincuente se borren automáticamente.
Podrían parecer razonables
las demandas del FBI ya que, a simple vista, son específicas para un celular y
esta acción serviría para entender la organización de uno de los tiroteos más
sonados del 2015, pero no hay que dejar de lado las implicaciones tecnológicas que
esta acción conlleva: el software hackeado
que el FBI quiere que Apple provea tendría que ser general, funcionando para
cualquier celular del mismo modelo, entonces aquí se estaría vulnerando la
seguridad de una de las compañías con mayor reconocimiento por sus avances tecnológicos
y con esto la de millones de usuarios.
En 1995 el Distrito Noveno
de la Corte determinó que los Códigos de Software son diálogos protegidos por
la Primer Enmienda. Apple tiene este gran punto constitucional a su favor: la
Primera Enmienda, ya que en esta se establece que el gobierno no puede obligar
a una persona o a una entidad a hablar. Si el FBI gana esta batalla legal no
solo se fijaría un precedente para la empresa sino para cualquier persona o
Entidad, al violar un precepto de la Primera Enmienda el Gobierno tendría jurisdicción
para obligar a alguien a hablar.
La compañía de la manzana ha
recibido muchas críticas en los últimos días, ya que para muchas personas es
importante que los ingenieros de Apple colaboren con el FBI para diseñar un
software que permita hackear la información
de un delincuente, pero de verse forzada la compañía a colaborar con Estados
Unidos después también se vería forzada por gobiernos de países como China para
ayudarlos a quitar el código de encriptación de los celulares.
Este caso es muy complejo y
el análisis que requiere debe de ser muy profundo ya que se está tratando con
la obligación que tiene Apple con dos diferentes entes: la obligación de
proteger los datos de sus clientes y la obligación de proporcionar los medios
para que se pueda investigar acerca de un suceso violento que atento con la
seguridad de muchas personas.
